El rigor de la moratoria

Ahora, una batería de sentencias del Tribunal Supremo (TS), siete hasta la fecha, todas las que ha resuelto hasta ahora el Alto Tribunal, desmienten por completo a esos agoreros. En menos de un mes el TS ha desestimado un recurso de la empresa Ramiterra S.L. que reclamaba una indemnización de 127 millones de euros al considerar lesionados sus derechos de urbanización en Fuerteventura por la moratoria turística; días antes el TS había dictado otra desestimando las reclamaciones de la propiedad Costa Adeje-Puertito de Adeje, que pedía 175 millones de indemnización, y anteriormente otra de Lopesan Costa Meloneras que solicitaba nada menos que 185 millones.

Si sumamos las anteriores cuatro sentencias del TS sobre la moratoria, junto a la reciente que da la razón a la Ley de protección de Veneguera, aprobada en nuestra etapa de Gobierno en 2003, donde los propietarios reclamaban 348 millones de euros y la más conocida de Tebeto por 100 millones, la Comunidad Autónoma ha evitado pagos a particulares por valor de 1.172 millones de euros.

Las siete sentencias del Supremo referidas a la moratoria, fallan a favor de la Comunidad Autónoma y avalan que la Ley de Directrices de Ordenación Turística, tan denostada por algunos, era ajustada a derecho y salvaguarda el interés general sin lesionar los derechos de los particulares. Y, además, pone en evidencia que el camino para el negocio debe ser la generación de riqueza y empleo y no el pleito contra la administración.

Reorientar el modelo

Hay que recordar que la Ley de Directrices tenía como objetivo limitar el desorbitado crecimiento turístico y el excesivo consumo de suelo que se daba a principios del año 2000. Se trataba de reorientar el modelo de un destino maduro como Canarias hacia la calidad, apostando por la renovación de la planta alojativa obsoleta, rehabilitando el espacio público de la ciudad turística, diversificando los productos de ocio e incrementando la formación del personal. Un modelo que busque más incrementar el gasto por turista que ampliar incesantemente el número de visitantes abaratando los precios.

Como señalaba con anterioridad, las directrices fueron aprobadas por unanimidad. Y después de un amplio debate social y político, contando con un decidido apoyo de corporaciones locales e insulares, de colectivos sociales de los más diversos ámbitos y de la mayoría de los ciudadanos de las Islas. Desafortunadamente, los gobiernos posteriores a 2003, que estaban obligados a su desarrollo normativo, han hecho todo lo posible para abandonar el espíritu y la letra de una de las leyes más importantes de las aprobadas por el Parlamento canario en estos casi treinta años de autogobierno. Por ejemplo, incumpliendo el artículo 27 de las Directrices que obligaban al Gobierno a presentar una Ley a los tres años, es decir en 2006, que revisara el ritmo de crecimiento de las plazas turísticas, adecuándola a la nueva situación existente, y que ha dado argumentos a las demandas jurídicas de propietarios por considerar que la suspensión de sus derechos no era temporal sino definitiva. Y sin hacer nada para que se rehabilite ni una sola cama, ni una sola, a iniciativa del Gobierno, pese a crear el presidente una agencia con ese fin.

Éxitos jurídicos

Quiero expresar mi satisfacción por las sentencias del Tribunal Supremo sobre la moratoria. Porque evitan multimillonarios daños a las arcas públicas de las Islas y, por tanto, a su ciudadanía. Y porque ratifican que las Directrices se elaboraron con todo rigor. Pero, al mismo tiempo me parece intolerable que el actual Gobierno canario intente capitalizar como propios estos éxitos jurídicos de los que en absoluto es autor.

Debemos recordar, para los flacos de memoria, que cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), no hace mucho, emitía sentencias favorables a los empresarios inmobiliarios, el presidente Rivero y los consejeros Ruano y Berriel echaban las culpas al Gobierno que tuve el honor de presidir por la responsabilidad en la elaboración de la Ley, e incluso destituyó hace un año, usándola como cabeza de turco, a la directora de los Servicios Jurídicos.

También que cuando ATI-CC y PP aprobaron la Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, en mayo de 2009, Rivero y Berriel argumentaban los cambios introducidos respecto a las Directrices Turísticas como necesarios para dar “más seguridad jurídica a los propietarios de suelo turístico”, acusando a la anterior Ley de “provocar una avalancha de indemnizaciones que iba a arruinar a la Comunidad Autónoma”.

No es de recibo que ahora cuando el Tribunal Supremo avala la legalidad de la moratoria, desestimando anteriores sentencias del TSJC favorables a los particulares, Rivero, Berriel y Ruano intenten “ponerse medallas” como si fueran ellos los artífices de este triunfo de los intereses generales. Porque no lo son en modo alguno.

Son, en todo caso, los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de entonces los responsables de haber ganado las sentencias a favor de la moratoria, al preparar adecuadamente los recursos de casación que ahora, años después se ganan en el Tribunal Supremo. Considero que sería un mínimo acto de dignidad y de justicia que el Gobierno actual reconociera la profesionalidad de la anterior directora de estos Servicios, María Jesús Mesa, excelente funcionaria que fue destituida injustamente cuando ejerció profesionalmente su función.

Román Rodríguez