La minuciosidad con que la fiscal anticorrupción ha atacado la operación de Las Teresitas le ha llevado incluso a analizar el proceso de contestación de las alegaciones presentadas por los particulares (ochenta vecinos de la zona y un grupo de extranjeros que reclamaban ser co-propietarios de los suelos en litigio) contra el famoso convenio que propició la compraventa posterior. En ese proceso, Farnés llama la atención sobre la contratación del abogado Ángel Ballesteros Fernández, que se ofrece voluntariamente a ocuparse de contestar las alegaciones como si el Ayuntamiento no tuviera letrados capacitados para ello. Ballesteros, además de cobrar por adelantado y en un expediente plagado de irregularidades 10.867,50 euros por cargarse las alegaciones, utiliza para tal fin un argumento único y aparentemente incontestable: que los recurrentes no aportan titulación registral de las propiedades. Tal extremo no estimuló al Ayuntamiento a buscar explicación a esa falta de acreditación de las propiedades, sino que mandó a los reclamantes a hacer puñetas, es decir, a lo contencioso. Para Farnés, es significativo que el letrado Ballesteros, abogado de Madrid, sea estrecho colaborador del prestigioso jurista Luciano Parejo, hermano de Manuel Parejo, concejal de Urbanismo y también querellado en esta causa.