José Antonio Martín ha tratado de equiparar sus gestiones para sacar de la cárcel a un narcotraficante con las recomendaciones de la presidenta del Tribunal Constitucional a una abogada que más tarde resultó detenida por presunta inducción a un asesinato. Ha intentado invalidar las escuchas telefónicas interceptadas durante la operación Eolo que dieron lugar a su imputación, y hasta ha disparado contra algún periodista por considerar que se vulneraban sus derechos al revelarse datos de la investigación bastante inconvenientes. Martín se sentará en el banquillo y, sea cual sea el veredicto que dicte la Sala que para la cuestión se constituya, confirmará el final de su carrera profesional como jurista. Porque el expediente disciplinario abierto por el Poder Judicial se reactivará y se culminará una vez concluyan los asuntos judiciales.