¿Creían ustedes que con la condena impuesta a José Miguel Suárez Gil por amenazas y coacciones graves iban a acabar sus pendencias judiciales? Pues estaban equivocados. No conforme con el revolcón judicial sufrido y con el desvanecimiento de sus estrambóticas teorías sobre una conspiración con el perverso objetivo de dejarlo in puris naturalibus, el conocido como Zorro Plateado y su intrépido abogado, Eduardo Mendoza, han vuelto por sus fueros para que la misma juez que condenó tenga que explicarles un par de cosas. Y todo porque el condenado y su letrado se empeñaron, de buenas a primeras, en sostener que el Zorro no había sido condenado por un delito de violencia de género, sino por unos delitos comunes normales y molientes. En un escrito que debiera figurar en los manuales de las escuelas de prácticas jurídicas, el letrado Mendoza reclamó en septiembre pasado de la juez de Violencia contra la Mujer de Las Palmas, María Auxiliadora Díaz Velázquez, que hiciera el favor de aclararle la sentencia, que no tenía claro el tipo del delito cometido por su mandante y, ya de paso, que le retirara la obligación de someterse a un programa de rehabilitación para hombres maltratadores, condición que a su juicio no reunía su patrocinado, a su juicio víctima de una confabulación de índole económica. Con sumo respeto tenemos que informarles de que la petición de Suárez Gil ha sido de lo más comentado en el foro en los últimos tiempos, y no sólo por las peregrinas peticiones, sino porque defendido y defensor parecían haber olvidado que la condena a doce meses de prisión con todos sus ingredientes fue acordada por el método de conformidad, con el añadido de que el condenado reclamó continuar durante todo ese tiempo con el dispositivo telemático de control que lleva asido a uno de sus pies, algo que al parecer es inédito en la historia criminal española.