Mientras se resuelve el conflicto laboral en el seno de Videoreport y conocemos el desenlace de ese pulso a dos bandas que sostiene Soria con su presidente y con su otrora amigo del alma Juan Francisco García, el Gobierno sigue adelante con su proyecto de ley de creación del Consejo Canario del Sector Audiovisual, un órgano que, a semejanza del estatal y del que ya opera en comunidades como Andalucía, Euskadi y Cataluña, habrá de ocuparse de meter en cintura a los operadores de TDT. Desde que se adjudicó el concurso de frecuencias de estas televisiones, muy pocas son las que cumplen con la ley, pero el Gobierno no quiere meterles mano a la espera de que lo haga ese consejo, que muy probablemente estará operativo a finales de año. Formado por siete personas de reconocido prestigio en el sector audiovisual, elegidas por el Parlamento (cinco) y el Ejecutivo (dos), el consejo deberá ser quien fiscalice el cumplimiento de la ley de televisiones digitales terrestres, que obliga a unas horas de emisión de contenidos propios, a la prestación de servicios públicos y a preservar para cada área concesional (regional, insular y comarcal) las ventanas de explotación publicitarias. Sólo conocemos cinco televisiones que cumplan, y no todas lo hacen al cien por cien.