Vaya, vaya. El abogado encargado hasta septiembre pasado de velar por la legalidad y arbitrar entre conflictos en la Cámara de Comercio de Gran Canaria, resulta haber cobrado más de lo trabajado. O mejor dicho, por lo no trabajado, por lo inexistente. Y de Dimas Martín. Así se desprende del sumario de caso Unión, donde se refleja que sus dificultades económicas le llevaron en alguna ocasión de un pasado no muy lejano a acudir a Dimas Martín para que éste le echara una mano. Y la mano le fue echada mediante el cobro de facturas presuntamente ilegales por unos cursos, unas supervisiones y unos asesoramientos que jamás se hicieron. Las facturas sí se cobraron, concretamente a la empresa pública Inalsa, propiedad del Cabildo de Lanzarote, donde Dimas Martín ha vuelto a mandar gracias a ese pacto hediondo que su partido ha firmado con el PP, el PNL y Coalición Canaria. Batllori, que va de mediador, parece haber puesto el cazo con bastante descaro, lo que le puede acarrear algún apurillo judicial. Ahora forma parte del equipo de Jaime Cortezo, Luis Hernández y el Zorro Plateado para hacerse con la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Qué tropa, Mariano, qué tropa.