No lo tiene fácil la consejera Luengo, sin duda, porque a pesar de que este lunes rebajó en algunas octavas su anuncio del fin de semana, interpretado por los trabajadores como un ultimátum “caníbal”, el colectivo se presenta unido y combativo. Cualquiera que la conozca sabe que no es mujer de estilo tabernario, más bien lo contrario, y que puede haberse interpretado erróneamente su posicionamiento. Pero, con distinto tono, volvió a plantarse en su oferta: rebajar y segregar o habrá despidos. No ayuda mucho en la búsqueda de una salida al conflicto la postura adoptada por el Cabildo de Gran Canaria, cuyo presidente, José Miguel Bravo de Laguna, ha contestado a la consejera que con él no cuente para arreglar un problema que el dirigente del PP no sitúa en la continuidad del sector de I+D en Gran Canaria, sobre el que a cada dirigente se le llena la boca un día sí y el otro también, sino a un conflicto que tiene el Gobierno que no le apetece en absoluto ayudar a solucionar. Es más que probable que el millón de euros anual que Bravo niega pueda acabar con el ITC, o reducir sensiblemente su actividad y sus éxitos acreditados, lo que le servirá en el futuro para achacar al Gobierno que se fortalezca su homólogo tinerfeño, el ITER, que el Cabildo de esa isla sí sostiene con mucho mimo y que con tanto desentendimiento acabará por echarle la pata por delante.