Comprar a Casimiro Curbelo; aislar a Antonio Morales

Maquiavélico a la par que patético. El PP lanza la bola y Fernando Clavijo empieza a correr tras ella como un poseso llevándose por delante toda la cacharrería. En tan sólo cien días de gobierno, el presidente de Canarias ha ejecutado dos acciones que han impactado gravemente en la línea de flotación de la unidad institucional de la Comunidad Autónoma, ambas promovidas desde el Partido Popular de José Manuel Soria y ante el clamoroso e irresponsable silencio del Partido Socialista Canario. La primera acción consistió en quebrar la filosofía del convenio de carreteras con el Estado permitiendo que el Cabildo de Tenerife se desmarcase con el fin último de ser el que adjudique las nuevas obras de la tercera fase del anillo insular de la isla. Mientras la vicepresidenta, Patricia Hernández, abandonaba a la consejera socialista de Obras Públicas a su suerte, los demás cabildos pusieron el grito en el cielo ante lo que significaba debilitar la posición negociadora canaria ante un Gobierno de la nación que ha birlado 755 millones (computando los presupuestos de 2016) para las carreteras isleñas. Si para poner en marcha aquella tremenda chapuza política Clavijo y sus socios se creyeron las promesas del PP de que habría partidas específicas para Tenerife al margen del convenio, la segunda acción también ha contado con otra trola del Gobierno de Rajoy: la renuncia de Madrid a reclamar los fondos procedentes del extinto Impuesto sobre el Tráfico de Empresas (ITE), o por ser más preciso, del 50% de esos fondos porque desde 2009 el Gobierno de Zapatero ya cedió la otra mitad de esa transferencia fiscal. Fiarse del PP y que te la peguen en la primera vuelta del camino es todo uno: los Presupuestos Generales del Estado, definitivamente aprobados, no contemplan esa cesión de 192,9 millones de euros, lo que significa que nada se podrá hacer hasta el año que viene porque esa ley, la de Presupuestos, entra en vigor el 1 de enero. Es decir, que tendrá que ser el Gobierno que emerja de las urnas el que deshaga el entuerto. Pero el objetivo está conseguido: Soria ha hecho explotar una bomba en medio de la unidad institucional de Canarias y Clavijo la ha aprovechado para aislar a Gran Canaria, más concretamente al presidente de su Cabildo, Antonio Morales.

En contra de las leyes canarias

Efectivamente, Fernando Clavijo no puede alegar ignorancia tampoco en materia de ITE. Sabe mejor que nadie que lo que no está en los presupuestos no está en este mundo y que la escaramuza de la comisión de transferencias Canarias-Estado que se reunirá a final de mes sólo servirá para hacerse un nueva foto con los mandarines que envíe Soria en plan diálogo constructivo y “qué malo era Paulino que no se quería sentar con nosotros”. Nada de lo que acuerde la comisión Canarias-Estado podrá estar por encima de la Ley de Presupuestos, por lo que por mucho que proclamen al término de tan solemne reunión no habrá ITE hasta que el nuevo Gobierno lo decida cuando tome posesión. Échenle hilo a la cometa, porque todo apunta a que camuflarán esos 192,9 millones (de los que, por cierto, hay que detraer 33 de pagos aplazados del balance entre ambos gobiernos) en forma de convenios para acabar soltando la pasta durante los próximos años. Los antecedentes sobre la devolución del ITE permiten demostrar el tamaño de la falacia en la que andan metidos seis de los siete cabildos canarios con el presidente regional al frente. En 2009, siendo ministra de Hacienda Elena Salgado y presidente del Gobierno un tal Z, la misma comisión mixta de transferencias acordó, con rango de ley y sin los presupuestos del año siguiente aprobados, reintegrarle a Canarias el 50% del famoso impuesto desaparecido, es decir, unos 90 millones de euros. Había una reclamación latente ante Madrid por el defectuoso sistema de financiación y el Estado cedió. Gobernaba en Canarias Paulino Rivero, y José Manuel Soria era su vicepresidente y consejero de Hacienda, por lo que él debe saber a la perfección cómo se hicieron aquellos trámites. El dinero que se quedó Canarias se distribuyó y se distribuye desde entonces de acuerdo con el artículo 5 de la ley de Haciendas Territoriales (la ley 9/2003) que establece el reparto del bloque de financiación canaria mediante la fórmula del 52% para las corporaciones locales (cabildos y ayuntamientos) y el 48% para el Gobierno, que lo destina a sus gastos (sanidad, educación, etcétera). El 52% para las corporaciones se reparte a su vez atendiendo a baremos de población (87,5%), superficie (2%) y por isla (10,5%), un criterio que hasta ahora nadie había puesto en entredicho, como recordó este mismo jueves la comisión económica de la Federación Canaria de Municipios, la Fecam, que se ha abrazado a la ley como única garantía contra las arbitrariedades.

Aislar a Antonio Morales

Descartado por completo que el 50% del ITE que queda por transferir a Canarias se resuelva antes de seis meses y, por lo tanto, que se pueda hacer algún tipo de reparto de esos dineros, queda analizar qué es lo que pretenden Fernando Clavijo y los suyos con esta nueva farsa. La fotografía de este jueves en la que aparecen los presidentes de los cabildos de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote es la respuesta. Antonio Morales, presidente del de Gran Canaria, intervino en la reunión por videoconferencia, para reiterar su oposición a que ese presunto reparto se haga conforme a la triple paridad, es decir, mediante la representación institucional que emana de la ley electoral más injusta del mundo civilizado. Por su misma inanidad, no merece la pena profundizar en lo injusto o chiripitifláutico de esa distribución económica que el mismísimo Marcial Morales, presidente de turno de la Federación de Islas (Fecai), tachó de acuerdo de birlibirloque. Lo que no se puede repartir porque no existe convierte en necio cualquier discusión sobre la manera de repartirlo. De Perogrullo. Así las cosas, ¿qué es lo que se perseguía con esa foto de hoy? Desde luego, volver a sacar en procesión a Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife y candidato de CC al Congreso de los Diputados como número dos de Ana Oramas. A Alonso lo quieren catapultar como líder insularista tinerfeño en la versión moderna y académicamente formada del nuevo donpepitismo. Es a él al que encargan anunciar el modelo de distribución acordado y el que lanza el envite a Antonio Morales: “El que no se quiera sumar, es su problema”, como si una cuestión de ese calado, sobre dineros que son de la Comunidad Autónoma, lo puedan decidir seis presidentes de cabildos dejando fuera a uno de los dos más importantes. Antonio Morales, evidentemente, se ha convertido en el enemigo público número uno de Coalición Canaria, no sólo por su indiscutible éxito en Gran Canaria, sino también por haberse convertido en un referente de la política más decente a este lado del río Pecos. Y para colmo, bajo las siglas de Nueva Canarias, el partido que amenaza a CC con arrebatarle la bandera nacionalista con la que ha envuelto esos siete intentos dispares de mantener el poder regional a toda costa.

Comprar a Casimiro

Sin pretenderlo, los presidentes de cabildos que siguieron a Carlos Alonso y a Clavijo en esta mascarada, han dado a Antonio Morales y a Nueva Canarias una excusa perfecta para reivindicarse y para volver a denunciar el insularismo rampante que se ha abierto paso nuevamente en Canarias con la llegada de Fernando Clavijo al poder. Morales tomará la iniciativa convocando a los quince diputados que por la circunscripción de Gran Canaria ocupan escaño en el Parlamento de Canarias bajo el argumento difícilmente renunciable de evitar la toma del poder económico por parte de la oligarquía tinerfeña, de ATI, por ser más precisos. Veremos qué hacen sus señorías del PP y de Coalición Canaria para esquivar el envite, porque las acciones del Cabildo grancanario no se detendrán ahí. Al otro lado de la región, en las islas no capitalinas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sorprende la complicidad con que se ha subido al carro del ITE el presidente del Cabildo palmero, Anselmo Pestana, al que siempre valdrá como excusa la ligereza y frivolidad con la que su partido y su vicepresidenta del Gobierno se han tomado este asunto. Otro socialista, el irradiado Casimiro Curbelo, ha aprovechado la revoltura para reivindicarse ahora que Clavijo y el PP quieren comprarlo con cofres llenos de bisutería para que, llegado el momento, pueda sumarse a un pacto de derechas que evacúe al PSOE del poder. El presidente del Cabildo gomero ha sido el más ardiente defensor de la triple paridad para el reparto del ITE, aunque sabe perfectamente que ese órdago que ha lanzado tiene un recorrido más bien incierto. En cuanto alguien organice su vuelta o su acercamiento al PSOE, abandonará esta deriva que sólo engorda al PP y a ATI.