La querella que se sustancia en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria está plagada de incidentes. La magistrada que instruye la causa, Ana Isabel de Vega, habrá de determinar si ve indicios suficientes de criminalidad o si deriva el asunto hacia la circunscripción civil. Para ello considera imprescindible determinar si Jaime Cortezo actuó de mala fe al vender esas propiedades o si, como él mismo ha declarado en calidad de imputado, advirtió a los compradores en qué berenjenal se metían. Éstos, los compradores, que insisten en que no hay constancia documental de esa advertencia, se consideran estafados y víctimas de más de un colosal engaño. Incluso tuvieron que cambiar de abogada con el procedimiento ya en curso al detectar que su letrada, Josefina Navarrete, había retirado los cargos contra la esposa de Jaime Cortezo, Elena del Castillo, sin consultarles. Navarrete la había incluido inicialmente por ser administradora solidaria de Hoya Pozuelo S.L. Cortezo pidió este impagable favor al esposo de la letrada, José Miguel Suárez Gil, con quien comparte liderazgo en el centro de estrategias empresariales, un lobby que se reune una vez al mes a comer con los políticos que mandan en la región.