Casimiro y la intimidad

Hace unos días, en una conversación informal con la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez (PSOE), le pregunté cómo llevaba eso de ser abordada en cualquier circunstancia cotidiana por los vecinos o las vecinas para comentarle sus preocupaciones, sus sugerencias y hasta sus quejas. Narváez, por lo que me contestó, procura asumirlo con deportividad, no en vano el gimnasio al que acude con asiduidad es uno de los sitios donde más sufre esa transgresión a su intimidad, por detrás no obstante de la cadena de supermercados de la que se considera fan y a la que no piensa renunciar -pese a las molestias vecinales- por el placer que le proporciona hacer la compra para su familia. La gente aborda en distintas situaciones a los personajes públicos con mayor o menor gracia o fortuna, casi siempre con sanas intenciones pero también con el afán de molestarlos o insultarlos. Su derecho a la intimidad –precisamente por su condición de personajes públicos- se encuentra disminuido, como ha dejado asentado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, si bien lo ha hecho como salvaguarda al derecho a la información, y los límites son los naturales: el insulto, el acoso, y por supuesto, cualquier tipo de contacto físico, no digamos la agresión.

Viene esto a cuento por el nuevo incidente protagonizado a la salida de un local nocturno -en este caso un karaoke- por el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y su hijo Aday, incidente que acabó en una denuncia por presunta agresión cometida por la comitiva del político sobre la persona del hombre que lo abordó para hacerle un par de preguntas impertinentes que pretendió grabar con su teléfono móvil. Han salido algunas personas a defender a Curbelo por lo que consideran un ataque a su intimidad, como si esa transgresión (un cargo público, en la calle, con testigos…) hubiera que separarla del desenlace que presuntamente tuvo. El ciudadano que abordó al presidente de la Agrupación Socialista Gomera actuó de modo provocativo, de eso no cabe la menor duda si se visiona el vídeo que él mismo grabó, aunque pretendiera iniciar su especie de entrevista de manera amable. Su tono fue volviéndose más agrio y faltón a medida que se crecía con el contenido pretendidamente político de sus preguntas. Pero ante un contexto de provocación, lo primero que tiene que hacer un cargo público y su séquito es dar la espalda y marcharse, en ningún caso pretender evitar que el ciudadano use su teléfono para grabar en medio de la calle, y mucho menos agredirlo y quitarle las gafas, según la secuencia relatada en su denuncia ante la Policía Nacional.

El asunto tendrá el recorrido judicial que el juez o la jueza de turno considere oportuno otorgarle, pero es conveniente tener en cuenta que interponer una denuncia falsa es un delito que puede costar un disgusto a quien lo comete. Debemos partir por tanto no solo de la presunción de inocencia de Casimiro Curbelo, de su hijo y del resto de acompañantes, pero también del denunciante, al que cabe atribuirle presunción de veracidad de lo que denunció con un parte de lesiones que recogió lo que a todas luces parece fruto de una refriega.

Pretender que ese incidente a la puerta del karaoke de la Avenida de Anaga fue una violación de la intimidad de Casimiro Curbelo y enlazarlo inmediatamente con la gobernabilidad de Canarias, como ha hecho la brigada mediática de Coalición Canaria, es algo muy propio de esta tierra, un endemismo bananero. No se puede hacer cabrear a Casimiro Curbelo, no se puede perturbar la tranquilidad del cacique porque de él depende que haya gobierno progresista en Canarias, viene a ser el mensaje que se lanza, incluso desde sectores de la izquierda.

Cuando, en realidad, proteger a la figura del cacique tratando de silenciar o desacreditar a la prensa con el argumento de que vuelve la derecha es un acto de corrupción intolerable.

Me pregunto dónde estaban esos defensores de la intimidad de los cargos públicos cuando la pareja formada por Irene Montero y Pablo Iglesias, más sus tres hijos, sufrían acoso diario a la puerta de su casa durante meses. O cuando desde un organismo público como Aena, con la bendición de un secretario de Estado ahora imputado por corrupción policial, filtraron las imagenes de la diputada Victoria Rosell pasando el control de seguridad del aeropuerto de Gran Canaria, una zona en la que, precisamente por motivos de seguridad, no se puede hacer ni siquiera una fotografía. Ah, perdón, es verdad, que la gente de Podemos no tiene derecho a tener derechos. Los caciques sí, en qué estaría yo pensando.