Comité de ‘invenciones’ estratégicas y publicitarias

La transparencia no es la virtud más acentuada del Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias. Es este un invento creado por Paulino Rivero en la fase final de su mandato como presidente del Gobierno para dar satisfacción a las numerosas quejas de inversores locales y foráneos por la excesiva burocracia y la lentitud con la que se tramitan las autorizaciones en Canarias. Es bueno recordar que las grandes inversiones requieren grandes tramitaciones por afectar muchas de ellas a modificaciones territoriales que, por previsión legal, han de pasar obligados filtros y controles. Pero la idea parecía buena cuando lo que se hacía era estudiar en profundidad cada proyecto y buscar la manera de acortar a la mitad los trámites, siempre con los límites de la ley, como no podía ser de otro modo. Con la llegada de Fernando Clavijo a la presidencia del Gobierno, y flameando como flamea cada día su bandera de que hay que facilitar las inversiones, el comité vive sus últimos meses de vida gracias a la barra libre que se avecina con el proyecto de Ley del Suelo y la potestad máxima que se prevé conceder a los ayuntamientos para que sean estos los que declaren la utilidad pública de los proyectos y hagan y aprueben sus planeamientos y sus respectivas modificaciones. Los expertos se echan las manos a la cabeza al repasar la calidad de las oficinas técnicas de cada consistorio canario y, sobre todo, al prever que lo que ahora frenan los controles de la Comunidad Autónoma pasen a frenarlo los tribunales de justicia, que suelen tardar más que la Cotmac en resolver un litigio contencioso-administrativo. Pero doctores tiene la iglesia, oiga. El caso es que este martes se reunió el dichoso comité para proponer diecisiete, repetimos, diecisiete, proyectos de interés estratégicos. Basta con repasar la nota de prensa del Gobierno para confirmar lo que decíamos al principio: transparencia, poquita.

Cada cosa por su nombre y su precio

Es poco transparente, por ejemplo, decir que se declara estratégica una “inversión estratégica para Canarias situada en el Sur de Gran Canaria”, en lugar de decir que se trata de un hotel del empresario alemán Theo Gerlach, propietario del celebrado Hotel Residencia, entre otros establecimientos en la isla. O referirse al hotel de Riu en el Oasis de Maspalomas como “renovación integral del hotel Riu Palace Oasis”, cuyo proyecto contempla la demolición del actual establecimiento y la construcción de uno nuevo. Sería bueno que, en aras de la tantas veces aireada transparencia, el comité incluyera en sus resoluciones una breve explicación del por qué de cada una de sus decisiones, en qué consiste cada iniciativa, los puestos de trabajo que va a crear, la inversión prevista y la descripción concreta, sin eufemismos. Es lo menos que se puede exigir de un órgano que hace excepciones discrecionales respecto al resto de empresarios, inversores o no, a los que también les gustaría ser estratégicos.

Otro pulso a Gran Canaria

Que el Comité de Inversiones Estratégicas haya elegido el proyecto de nuevo hotel de Riu en el Oasis de Maspalomas más parece un intento de congraciarse con la cadena mallorquina que una decisión con valor ejecutivo. Más que nada porque ese proyecto tiene una dificultad que le impide en estos momentos poner en marcha cualquiera de los trámites acortados a la mitad. La demolición del viejo hotel y la construcción del nuevo están en el aire como consecuencia de una sentencia de un juzgado contencioso-administrativo que anuló las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por el viejo litigio que pesa sobre la titularidad de gran parte del suelo donde ha de asentarse la nueva construcción. Desde finales de los 70, con una sentencia del Supremo que no ha sido revocada está en discusión que esa pieza sea en estos momentos propiedad de la cadena al provenir de una titularidad pública que pasó a ser privada por un proceso discutible anterior a que Riu la adquiriera. Quizás debió Clavijo esperar a que se despejara esa circunstancia tan relevante antes de avalar con un cuño gubernamental el proyecto, salvo que lo que se pretendiera fuera que con ese aval se pueda ejercer algún tipo de presión sobre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC que habrá de resolver el recurso interpuesto por la cadena hotelera. Se trata, además de un gesto administrativamente inútil, políticamente provocativo porque acrecienta el enfrentamiento con el Cabildo de Gran Canaria, que precisamente batalla en los mismos tribunales por hacer valer la consideración de Bien de Interés Cultural gran parte del Oasis por el paso por él de Cristóbal Colón rumbo a América. O algo así. Lo prudente, salvo que las presiones fueran insorteables, aconsejaba dejar el asunto sobre la mesa, sin declaración positiva ni negativa, a la espera de acontecimientos judiciales, pero han podido más las presiones que la lógica, una vez más.

¿Diez años de mal Cabildo?

En el bando del todo vale con tal de que haya inversiones, entre los que apostaron en su día por las prospecciones petrolíferas y defienden la legalidad de las actuaciones de Riu, nos hemos encontrado siempre con las patronales y los lobbies grancanarios. La tensión que estalló esta semana entre la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y el Circulo de Empresarios frente al presidente del Cabildo de Gran Canaria se suavizó bastante este miércoles tras la intervención de Germán Suárez, presidente de esta última asociación, en la Cadena Ser. El veterano empresario optó por zanjar las diferencias destacando que Antonio Morales “está haciendo un buen trabajo” y negando “que no esté trayendo inversiones a la isla”. “Creo que actúa, se mueve, lucha, trabaja, aunque haya cosas con las que no estamos de acuerdo y exponemos nuestros puntos de vista”, remarcó. La reconciliación la rompió acto seguido Agustín Manrique de Lara, vicepresidente del Círculo de Empresarios, presidente de la CCE y hombre de Soria en el movimiento empresarial de la provincia de Las Palmas. Lejos de arreglar el asunto, Manrique de Lara volvió a echar gasolina al fuego quejándose de que el Cabildo está inactivo ante el desempleo y la baja actividad económica. Y ¿en qué datos se basa el presidente de la patronal para hacer esa afirmación? “Son cifras de los últimos diez años”, que concretó en “pérdida de actividad económica, un millón y medio de turistas menos en Gran Canaria que en Tenerife…” ¿Diez años? Hagamos las cuentas: Antonio Morales lleva nueve meses al frente del Cabildo; los cuatro años anteriores lo presidió un hombre del PP, José Miguel Bravo de Laguna; los cuatro anteriores, el socialista José Miguel Pérez, y antes, nada más y nada menos que José Manuel Soria. Sumemos: cuatro de Bravo y cuatro de Pérez son ocho. Nos faltan dos, o por lo menos quince meses: anda, corresponden a Soria. O sea, cinco años y tres meses, al menos la mitad del periodo estudiado por el señor Manrique de Lara, de parálisis del Cabildo de Gran Canaria, de desventaja frente a Tenerife, de escasa actividad económica fueron responsabilidad del PP. Y al único que atacan los poderes empresariales es a Morales. Está bien la cosa.