La jugada de los burofax del pasado jueves es de billar. Si el marqués dice que sus compromisarios van a votar en blanco y damos por hecho que los compromisarios que haya de elegir el PP de Fuerteventura los controla en su práctica totalidad González Arroyo, lo más fácil es expulsarlos a todos. Y que no tengan tiempo de reaccionar. Por eso se eligió la fecha de mediados de agosto para enviar unos cien burofax a otros tantos militantes majoreros de todo pelaje y condición, concejales y afiliados de la base, algunos pagando cuota desde que el invento se llamaba Alianza Popular. No se les ha abierto expediente para darles trámite de audiencia, pero para cubrirse las espaldas, la gestora soriana del PP majorero les ha permitido el recurso ante el comité regional de Derechos y Garantías, que tiene un mes para contestar. Y, en su defecto, ante la dirección nacional del PP, que tiene tres meses para la misma cosa. En el mejor de los casos, ninguna respuesta llegará a tiempo para que el afectado pueda presentarse a compromisario.