Pero la segunda cuestión es para preocuparse un poco más porque supone el incumplimiento de un decreto de la Comunidad Autónoma, el que regula el nombramiento de representantes de ésta en las Autoridades Portuarias de la región. Dice tal decreto en su artículo 5.1.b que esos representantes han de tener la condición de directores generales “o asimilados”, lo que significa que un concejal o un consejero de Cabildo en la oposición se alejan bastante del perfil. Hubo una vez una excepción aceptada por todos, la del alcalde de Agüimes, Antonio Morales, que entró en el consejo por tener un puerto estatal en su territorio, el de Arinaga. Habrá que cambiar el decreto, por lo tanto, para añadir a la palabra “asimilados” la de “damnificados”, porque está claro que Pepa y Larry entran en el Puerto para poder complementar sus exiguos salarios (fijados por ellos mismos cuando mandaban) con los 600 euros de dietas por cada consejo de administración portuario.