Para esquivar la ejecución de la sentencia, el Cabildo de Lanzarote envió en junio al juzgado un acuerdo de su Mesa de Contratación con el que se trataba de explicar a la juez que el concurso fue anulado y retrocedido al momento de la adjudicación, pero que al considerar no independiente a Canariaudit, había que declararlo desierto. A ello añade la interventora insular que aquel concurso por el que se adjudicó la auditoría a KPGM presentaba notables deficiencias que lo convertían en nulo, lo que a continuación lleva a este desastroso Cabildo a “desistir y/o renunciar” al procedimiento que con tanto anhelo llevó al presidente San Ginés a encargar una auditoría en 2004. Dice el escrito enviado al juzgado que KPGM no ha cobrado a pesar de haber realizado aquella famosa auditoría, es decir, que el trabajo se realizó y que fue entregado al Cabildo. ¿Lo tiene en su poder el presidente? ¿Se detectaron anomalías en la gestión de sus antecesores en el periodo analizado? Si ha desistido el Cabildo, ¿queda sin valor esa auditoría? ¿Pagará daños y perjuicios a KPGM el Cabildo? ¿Y a Canariaudit, que los ha exigido en cuantía superior a los 22.000 euros?