Astrid Pérez ha decidido erigirse en martillo de socialistas, tanto confirmados como supuestos. O sospechosos, que ya se sabe que a la derecha le irritan enormemente los rojillos. Ha arremetido duramente contra Carlos Espino con una denuncia penal que, a la vista de lo conocido, tiene muy poco recorrido, pero consigue con ella sembrar la duda acerca de la honradez del único político que ha tenido los arrestos suficientes para meter en los juzgados a lo más granado del golferío conejero. Astrid Pérez ha tratado de desmentirnos alegando que lo de La Bufona es asunto que afecta a 53 vecinos, “que hemos sufrido una irregularidad administrativa de unos señores que gobernaban y que, desde luego, no eran personas del Partido Popular”. Efectivamente, pero tampoco del PSOE, cosa que escamotea la doña. Porque el asunto de esta urbanización fue obra de doña María Isabel Déniz, que está imputada por este caso en Instrucción 3 de Arrecife en compañía del que fuera secretario de la Corporación, Felipe Fernández Camero. A ambos se les imputa haber concedido licencias ilegales de las que se beneficiaron los 53 propietarios, algunos de los cuales han tenido la astucia de contratar a este abogado para que les intente mantener en pie las viviendas.