Según el juez instructor del caso Brisan contra la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Santa Brígida (el Niño Bravo nos guíe y guarde), el flamante portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria pudo haber cometido delitos del calibre de prevaricación, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales a la hora de ejercer sus obligaciones como concejal de Urbanismo de la Villa, en aquellos tiempos de la impunidad total. Y todo por la autorización a una promotora para construir en El Monte un edificio de aparcamientos que quitó el hipo a los vecinos e incitó su imaginación a la hora de poner motes, hasta que el caso Las Teresitas arrebató a Sataute por méritos propios la denominación de origen urbanística de mamotreto. Brisan es sólo la punta del iceberg del legado de ese dechado de político que es Carlos Sánchez Ojeda. En la Audiencia todavía se empantana el caso de los chalets de La Atalaya, al que también se le atribuye un presunto cohecho ¡¡¡en Lanzarote!!! dentro del caso Unión, de donde tampoco se escapa el muchacho. Pero para no apabullarles, quédense de entrada con las conclusiones del Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil acerca del nuevo hombre fuerte de Soria en el Cabildo de Gran Canaria, ocultando al pleno municipal intereses privados en El Monte.