Es verdad el argumento del niño Bravo: no está imputado por un delito urbanístico, es decir por otorgar una licencia ilegal, por permitir tres plantas en medio de un parque o por recalificarle un suelo protegido a un compañero de partido. Por lo que está imputado es por una presunta prevaricación, es decir, `por dictar una resolución injusta a sabiendas, y esa presunta prevaricación proviene precisamente de una actuación urbanística, la construcción de un centro comercial en Santa Brígida a cuyos promotores se les ha exonerado ilegalmente del pago de una licencia de obras. El procedimiento judicial continúa y cada vez es más clamoroso el trato de favor recibido por esa UTE.