El momento elegido por el PSOE tampoco parece casual: la fantasmagórica reforma del Estatuto que propone el Gobierno de CC y PP sólo va dirigida a captar para Canarias mayores competencias, justo cuando se evidencia que las que tenemos somos incapaces de gestionarlas adecuadamente (este lunes se conoció incluso el dato de la estrepitosa caída en la inversión pública isleña) y justo cuando se aprecia de manera descarnada que la democracia no está entre las prioridades del grupo parlamentario que apoya al Ejecutivo de Paulino Rivero. Tienen complicado los fontaneros de CC encontrar una finta que les permita decir que no a la propuesta socialista y mucho más hacer una propuesta alternativa, ya que el PSOE por primera vez en mucho tiempo tiene capacidad de veto gracias a los 26 diputados que le representan en la Cámara.