La auditoría fechada en noviembre pasado fue encargada por la exconsejera insular de Economía y Hacienda Rosa Rodríguez. La dama de hierro soriana ya no está en la Casa de Bravo, pero durante unos meses de 2012 asumió también las competencias de Asuntos Sociales, un departamento maldito en el gobierno bravista, por el cual han pasado ya tres consejeros populares: el exalcalde de Telde Paco Santana, la propia Rosa Rodríguez y ahora José Miguel Álamo, después de la salida de aquella del Cabildo grancanario. A Rosa Rodríguez se le fue la fuerza por la boca cuando en septiembre pasado asumió Asuntos Sociales, anunciando a bombo y platillo el encargo de esta auditoría para poner en limpio la red insular de centros de menores, pero entre la crisis desatada por su enfrentamiento final con el presidente Bravo, un par de meses después a cuenta de las cuentas anuales de 2013, y las conclusiones devastadoras de la auditoría firmada por Jaime Domínguez Salgado, del anuncio de septiembre se pasó directamente al cajón del olvido ya a finales de año, cuando el nuevo consejero se encontró, encima de su mesa, el tocho exhaustivo de casi 150 folios del que estaremos en disposición en breve de ofrecerles sus datos más elocuentes. De entrada, aquí va un avance: es tal el desmadre de precios establecidos desde 2009 por el Cabildo para el ratio menor/día, con variables arbitrarias y sin justificación alguna, que la auditoría llama la atención a la administración pública insular de su dejadez a la hora de controlar el gasto y hacer, sobre todo, un seguimiento a esos centros de menores, por los que casi todas las ONG cobran cantidades astronómicas como si estuvieran repletas todas las plazas, cuando, sencillamente, eso es falso. Lo denunciaba el funcionario en 2010, a su director de Servicios Sociales, Antonio Gil, a su consejero del ramo, Pedro Quevedo, y hasta al propio presidente del Cabildo, José Miiguel Pérez. Y lo denuncia ahora la auditoría encargada por Rosa Rodríguez y ocultada por José Miguel Bravo de Laguna.