No cabe esperar del Partido Popular de Canarias el menor movimiento para poner en su sitio (la puerta de la calle) a la diputada Maribel Oñate. El comportamiento público de este partido ante los casos de corrupción, de presunta corrupción, de corruptelas o de trapisondas las resuelve cerrando filas alrededor del imputado, implicado, acusado o confeso. Lo acaba de hacer Asier Antona con la alcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano, tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción pide para ella la módica condena de cinco años de prisión. Y lo ha hecho con el silencio más cómplice y evidente ante lo que ocurre con otros altos cargos como la delegada del Gobierno en La Gomera, Luz Reverón, con el portavoz conservador en el Cabildo, Cárlos Sánchez, y con el parlamentario regional Jorge Rodríguez, acusado con petición de cárcel por el caso Grupo Europa. En el ejemplo de Rodríguez se puede amparar Oñate en el muy hipotético caso de que alguien quisiera afearle su continuidad en Teobaldo Power. Aunque también hay en esa veintena de señorías otros ejemplos en los que escudarse: Astrid Pérez, implicada en el caso urbanístico de La Bufona (lugar de Lanzarote, conste) o Águeda Montelongo, secretaria segunda de la Cámara y denunciada en el caso Patronato, aquel bonito asunto de vacaciones pagadas a dignatarios del PP a cuenta de los dineros públicos del Patronato de Turismo de Fuerteventura.