Es encomiable, dicho sea sin retranca, que la Fiscalía de Delitos Económicos haya acogido con tanto calor la denuncia del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, y se haya puesto a investigar a partir de unos recortes de prensa incluidos en aquel escrito de diciembre de 2012. Por tanto, es una pena que nadie, ni siquiera de oficio, se haya fiado de las mismas fuentes (recortes de prensa) para trasladar el inicio de todas las investigaciones al año 2001, cuando el Ayuntamiento de la ciudad re-adjudicó la privatización de Emalsa a los socios privados originales que dieron lugar a los actuales bajo sospecha. Todo empezó, en realidad, en 1993, cuando se resolvió el concurso y se adjudicó el 66% de las acciones de la hasta entonces compañía pública a Unelco (hoy Endesa) y Saur, pero un recurso de la licitadora que resultó derrotada, Aquagest (Aguas de Barcelona) echó por tierra esa adjudicación. Con José Manuel Soria ya al frente del Consistorio (caramba, siempre nos tropezamos con el mismo sujeto), y subsanados los defectos que condujeron a aquella anulación, al alcalde se le planteaba un dilema: cumplir con su promesa electoral de no volver a llevar a pleno la semi-privatización de la compañía o, por el contrario, volver a ponderar las ofertas y adjudicar el concurso a la mejor. Y la favorita (con perdón) fue la UTE formada por la eléctrica y la francesa Saur, para lo que fueron precisas negociaciones in extremis que algunos de sus protagonistas sitúan en un despacho de la calle de Los Malteses con conferencia telefónica permanente con Chile, donde había que dar la aprobación a las curradas exigencias sólo 24 horas antes de la importante sesión plenaria. Tras esa nueva adjudicación, que desembocó en que el jefe de Endesa en Chile, Pablo Casado, fuera ascendido a director de Endesa en Canarias, la eléctrica se quitó de en medio (su parte la compró Sacyr-Valoriza) al tiempo que Aquagest, siempre derrotada, recurría ante la justicia por considerar que su oferta era mejor y no habían primado en el concurso los mecanismos propios del interés general. Es en ese momento, ya en 2008, en el que hace aparición en el caso el polémico magistrado Francisco Javier Gómez Cáceres. Su primera sentencia fue demoledora para Soria y para los socios privados de Emalsa: la mejor oferta era la de Aquagest y había que adjudicarle el 49% a esa compañía, que invertía más, pagaba más al Ayuntamiento y encima le otorgaba a éste la mayoría. Pero un recurso con base puramente técnica de Valoriza-Saur, que exigió al magistrado que se mencionara una pericial que no aparecía en la sentencia, le hizo desdecirse por completo y declarar que los ganadores eran los actuales socios privados de Emalsa. A partir de ahí, a partir de la impunidad en la que se instalaron estas dos compañías, empezaron los males que ahora se investigan. Por eso es necesario que alguien tire de la manta hasta llegar a aquellos años, de 2001 hacia acá.