Hemos rebuscado en el histórico del Boletín Oficial de Canarias y nos hemos encontrado con una desagradable sorpresa: el mismo servicio prestado por la misma empresa y con la misma modalidad de concurso, urgente y a dedo, costó a las arcas públicas canarias 123.000 euros menos en 2007, es decir, 466.370 euros. El enunciado del servicio a contratar es el mismo, la empresa, Indra, es la misma, no se ha incrementado el número de circunscripciones, ni de colegios electorales, ni de parlamentarios regionales... No se ha modificado la Ley Electoral ni ha ocurrido un cataclismo que obligue a cambiar el mismo programa informático que la misma adjudicataria empleó hace cuatro años. Así las cosas, ¿cómo es posible que el precio del mismo servicio se haya incrementado en un 22%? ¿Nadie había advertido a la Consejería de Presidencia, órgano adjudicatario, de que hay instrucciones emitidas por ese mismo departamento de que todo el Gobierno debe someterse a un drástico recorte de sus gastos? Y lo que es más importante, ¿por qué vuelve a ser urgente y a dedo el mismo servicio? ¿Qué está pasando aquí con Indra?