La magistrada Margarita Varona considera proporcionada la nueva cantidad exigida ahora a Justicia y Sociedad para poderse personar en calidad de acusación popular en una causa penal en la que están siendo investigados dos cargos públicos canarios. Esa proporcionalidad no ha de suponer necesariamente que la cantidad anterior fuera desproporcionada, aunque así haya parecido no solamente a la asociación sino a muchos ciudadanos y expertos juristas. Porque, de haber abonado en una primera instancia aquellos 3.000 euros, podría haberse sentado un peligroso precedente en la plaza que habría hecho prácticamente inviable cualquier intento de personación popular en casos de presunta corrupción política. Y demasiada impunidad ha habido casi siempre como para que los ciudadanos no pudieran ejercer ese derecho constitucional por imposibilidad económica.