Apenas acabábamos de digerir el propósito de la enmienda del alcalde nacionalista de Arona, Berto González Reverón (“No sabía que era delito, pero yo no vuelvo nunca más, señoría, se lo juro”), cuando saltó la noticia: el Gobierno de Canarias ha decidido, por fin, hacer dos valoraciones externas de las concesiones mineras (de haberlas) de la montaña majorera de Tebeto. Ya habrán leído la noticia: como mucho aquello no vale más de 2,2 millones de euros, lo que se aleja bastante de los 101 que, por la negligencia manifiesta y continuada de la misma Administración, hay que pagar al empresario Rafael Bittini. Es bastante destacable que el Gobierno haya tardado cinco años, cinco, en hacer sus deberes, porque fue en 2004 cuando debió haberlos hecho el entonces consejero de Industria, el impagable Luis Soria López. Pero resulta igualmente destacable el órgano que ha encargado estos dos estudios externos: Presidencia del Gobierno, es decir, Paulino Rivero.