Ustedes imagínense a una empresa pública a la que un Gobierno cualquiera, el canario, sin ir más lejos, le encarga una serie de competencias que la Administración es incapaz de acometer por los motivos que sean. Pongamos que esa encomienda es impulsar los planeamientos de los municipios y de las islas, así como su adaptación a la cambiante realidad, tanto física como política y legal. La encomienda empieza a principios de los noventa, seguimos con el ejemplo, y llegado octubre de 2011, el presidente de la empresa, en este caso consejero de Política Territorial y Obras Públicas, comparece en el Parlamento para decir que sólo el 25% de los municipios canarios tienen adaptado su planeamiento a las nuevas leyes. Podemos afirmar, sin temor a parecer exagerados, que la encomienda ha fallado, por mucho que el consejero en cuestión, por ejemplo Domingo Berriel, atribuya la responsabilidad a los ayuntamientos, aunque luego lo corrigiera para culpar no se sabe muy bien a quien. Así las cosas, ¿estaría cumpliendo la empresa de nuestro inocente ejemplo con su objeto social? Parece a las claras que no, pero, ¿acaso está esa empresa asumiendo otras funciones que no le son propias? Podemos asegurarles que sí.