Posiblemente sea la magistrada Cristina Villa la única persona del Poder Judicial que se ha molestado en analizar qué pasó aquellos días de agosto de 2003 en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la adjudicación de los dos módulos de desalación a la empresa Isolux. En su sentencia, dice que “no se puede concluir que la adjudicación se llevara a a cabo de forma irregular porque no es ésta la jurisdicción adecuada para ello”. Y añade algo que tampoco debe pasar desapercibido: “Pero sí es cierto que fue [una adjudicación] muy controvertida y fuertemente discutida por los vocales de la mesa [de contratación]; que se emitieron dos informes, siendo lo ordinario en un expediente de contratación uno solo...” A la juez le llama la atención particularmente la rapidez con que se elabora el segundo informe, ocho días. De momento la única persona que se ha sentado en un banquillo por el caso Isolux es un periodista que se atrevió a criticar aquella monumental trapisonda que se sumará a la larga lista de escándalos impunes en Canarias.