Carlos Fabra, presidente del PP y de la Diputación de Castellón, acaba de ser liberado de cuatro de los nueve delitos por los que se le venía investigando desde hace casi ocho años. El archivo lo promovió la Audiencia Provincial de Castellón, que los declaró prescritos, lo que llevó a ese prudente y millonario dirigente conservador a acusar al juzgado mixto número 1 de Nules, el que instruye la causa, de “no haber hecho los deberes”. El juzgado de Nules es el más saturado de España, y no porque tenga que investigar a tan siniestro personaje, sino porque la Generalitat Valenciana no lo surte del personal de apoyo ni de los medios necesarios, ni cumple con sus anuncios de crear más oficinas judiciales a pesar de habérselas concedido el Ministerio de Justicia. En un claro compadreo entre la Consejería de Justicia, en manos del PP, y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, hasta hace muy poco presidido por Juan Luis de la Rúa, amigo del alma de Paco Camps, ese juzgado de Nules no ha gozado de estabilidad ni un solo día. En siete años pasaron por él nada menos que nueve jueces, y así no hay quien cierre una instrucción. Para que vayan tomando nota: por el juzgado de San Bartolomé que instruye la Operación Góndola (presunta corrupción del PP), ya han pasado cuatro jueces desde 2006.