La polémica suscitada en torno a la Ley de Comercio y su reglamento no es sólo cosa de grandes, sino también de pequeños. La negativa del Gobierno de Canarias de aceptar la instalación de la cadena alemana Lidl se ha fundado en su deseo de “salvar” al pequeño comercio. Es cierto que las cadenas de descuento duro venden a precios bajos por las economías de escala de estas multinacionales. Algo posible, pero difícil de entender. En otro punto de la isla, el alcalde de Mogán, Paco González, se niega a una ubicación de otra cadena en Lomo Quiebre argumentando que “se mosquean los vecinos” y echando un cuarto a espadas en un baile que no le iba ni le venía.