Una vez saltó el asunto a la prensa (y hasta mucho tardó) el Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió una nota de informativa explicando someramente el alcance de las investigaciones sobre estas nuevas actividades de la empresa Mazotti. En ese comunicado, la Justicia confirmaba la imputación de Alejandro Navarro y de su hija, y lanzaba una petición clara a la prensa: no se dan a conocer más nombres de imputados para no entorpecer la investigación. Pocas horas después, el nombre completo del funcionario investigado en el Cabildo aparecía negro sobre blanco, con lo que las indagaciones vovían a sufrir un nuevo revés. Y todo ello sin que nadie haya dejado claro que ese señor sea el principal sospechoso porque los elementos que van apareciendo no refuerzan tesis alguna.