La sentencia que da la razón a los propietarios de los islotes de Montaña Clara y Alegranza podría derivar, si la confirma el Supremo, en una importante indemnización a abonar por la Comunidad Autónoma. El Plan Rector de Uso y Gestión del Chinijo impedía usos de todo tipo en el 90% de Alegranza, propiedad de la familia Jordán, pero autorizaba algunos en la parte pública del islote. A los propietarios se les prohibía pernoctar en su casa, desembarcar en la única zona de abrigo de la isla, y hasta transitar por ella. Argumentan los propietarios que, ante tales pretensiones conservacionistas, el Gobierno pudo haber comprado o expropiado, o haberse sentado a negociar en algún momento de estos últimos veinticuatro años. O desde que se publicó la sentencia, porque la familia Jordán ya ha pedido ocho veces una cita con Domingo Berriel, pero no se ha dignado contestarles. Anda ocupado protegiendo Alegranza y desprotegiendo el resto de las siete Islas Canarias.