Nos hemos quedado de momento con las ganas de saber si lo que el Parlamento de Canarias ha remitido a la magistrada Margarita Varona es toda la información de que dispone del diputado Manuel Fernández o si se la ha cogido con papel de fumar y ha enviado lo que ha creído que le reclamaba el Tribunal Superior de Justicia. El secretario general de la Cámara ha certificado que, en lo que respecta al artículo 6.2 del reglamento (es obligación de sus señorías “cumplimentar su declaración a efectos del examen de incompatibilidades, reflejando los datos relativos a profesión y cargos públicos que desempeñe”) Manuel Fernández sólo ha declarado que es ingeniero técnico industrial. Pero, además, ¿custodia el Parlamento una declaración de intereses del diputado en la que se especifiquen incluso sus ingresos por su actividad profesional?