La estrategia generalizada del PP en este primer mes de mandato municipal y autonómico está consistiendo en dibujar ante los ciudadanos un panorama catastrófico de las cuentas heredadas de los socialistas, y de tal estrategia no se han librado ni el Cabildo de Gran Canaria ni el Ayuntamiento de LPGC. De repente, como si hasta ahora gobernaran unos ogros huraños que no enseñaban las cuentas, aparecen “deudas ocultas” que, al menos en los casos que nos ocupan, resultan no ser tales, o al menos parece más nebuloso el anuncio de bancarrota que la bancarrota en sí. El PSOE tiene claro que, tras esas patrañas lo que se esconde es un deseo inconfesable del PP por endeudarse hasta más allá del límite legal para así poder hacer frente a algunas de sus más sonadas promesas electorales, desde la profunda reforma del Estadio de Gran Canaria hasta la rebaja de los impuestos. Y a la hora de recortar para alcanzar los propósitos, la cultura es la primera sacrificada. Pero centrándonos en el concierto de Sting, que el alcalde Cardona se ha ocupado de enturbiar desde que tomó posesión, resultan incompletas -por no decir que falsas- sus acusaciones sobre los costes y las aportaciones públicas. Porque en Granada la aportación del Consorcio del Milenio fue, según ha publicado la prensa local, de al menos 200.000 euros, y las entradas que se vendieron en la plaza de toros de la ciudad oscilaban entre 35 y 110 euros, todo ello con unos costes de producción sensiblemente inferiores a los que tuvo que hacer frente la organización del concierto de Gran Canaria. Porque el alcalde sabe que estas giras se compran en lote, y a Canarias se le añaden los costes propios del transporte y de los días que se pierden en traer y llevar el material, con luz y sonido aparte.