No dejaremos de descubrir revolcones entre el poder político y el poder empresarial, ni siquiera cuando haya pasado un tiempo prudencial tras el cambio político que todas las encuentas pronostican y muchos dicen que se va a producir. Suponemos que habrán leído nuestra información de ayer sobre el sobresueldo que piensa largarle el Gobierno a los laborales enchufados. No es pieza única, porque en la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria hemos detectado la presencia de una trabajadora en la que concurren iguales o parecidos méritos. De entrada, viene de Sagulpa, que la ha trasladado a sus actuales funciones en lo que constituye una cesión ilegal que no se puede soportar en una institución pública. La doña fue trasladada a Sagulpa desde FCC y para que su sueldo no difiera mucho de lo que cobran sus homólogos, han mandado a la empresa pública que le suba 600 euros al mes. Antes de que sea tarde y llegue otro alcalde.