Desconocemos todas las fuentes a las que ha acudido la fiscal María Farnés para llegar a componer un muy detallado relato fáctico de lo que, a su parecer y a la vista de multitud de documentos y testimonios, fue la operación de Las Teresitas. Por no ser expertos en Derecho, desconocemos si en ese relato subyacen indicios sólidos de que se han cometido los delitos que la fiscal atribuye a los once querellados, pero lo que sí no admite dudas es que Farnés ha hilvanado perfectamente la historia de un modo coherente y en ocasiones hasta novelesco. Que haya reparado en el detalle sutil de que uno de los solicitantes del crédito de 30 millones de euros a Cajacanarias fuera peón y tuviera entonces un salario de 120.000 pesetas refleja muy a las claras su deseo de que nada de lo que considera relevante quede en el olvido. Y como no podía ser de otro modo en una fiscal anticorrupción, carga especialmente las tintas en el papel desempeñado por los funcionarios y los responsables políticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a los que acusa de prevaricar para beneficiar descaradamente a una empresa privada, la que obtuvo unas plusvalías de al menos 18.000 millones de pesetas en la famosa operación.