La euforia se apoderó este miércoles de los mandamases del Ayuntamiento de Mogán, que por una vez y sin que sirva de precedente, celebraban sin disimulo una decisión administrativa del Gobierno de Canarias, concretamente de la Viceconsejería de Medio Ambiente. Por razones de pura caducidad administrativa, un expediente para instalar una piscifactoría en el tramo de costa que va desde Arguineguín hasta Puerto Rico, quedó descatalogado, lo que provocó que hasta desde el consistorio que preside nuestro admirado Paquirrín González, se emitiera un comunicado de orgullo y satisfacción. Como nos llamaba la atención ese regocijo, nos adentramos en sus párrafos y descubrimos que para el equipo de gobierno moganero, del PP por mayoría absoluta, la acuicultura es una actividad nociva y peligrosa para la actividad turística, por lo que, desde que la empresa Interaqua Canarias inició los trámites, se topó con la oposición municipal. Según ese comunicado, la introducción de esa actividad, ahora frustrada por no haberse sometido a información pública en plazo, hubiera supuesto la ocupación de 374.500 metros cuadrados “de dominio público” y la producción anual de 2.000 toneladas de pescado, particularmente dorada y lubina, que seguramente le habrían venido muy bien a los restaurantes de las urbanizaciones turísticas del sur de Gran Canaria y a unos cuantos desempleados del lugar. Es ciertamente apreciable la preocupación del Ayuntamiento de Mogán por la ocupación del dominio público, pero más que se oponga a una actividad industrial que difícilmente puede perjudicar al turismo sino, que muy al contrario, está considerada sostenible y de evidente futuro, como se encarga de propagar el mismísimo Ministerio de Agricultura, en manos del PP. Mogán está gobernado por el Partido Popular, cuyos dirigentes ?incluidos los moganeros- defienden las explotaciones petrolíferas en las cercanías de las costas canarias. Ay, Paquirrín.