La casualidad ha querido que el mismo día en que se conocía la designación de José Antonio Alonso como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, se supiera que el Consejo General del Poder Judicial se disponía a archivar un expediente colectivo contra 131 jueces que firmaron un manifiesto contra la perversa utilización en campaña electoral de la edad penal de los menores puesta en relación con la delincuencia. Alonso, cuyo primer encargo será negociar con los grupos parlamentarios una reforma del órgano de gobierno de los jueces para que no se vuelva a producir la vergüenza institucional de bloqueo de esa institución por los caprichos del PP, es juez en excedencia, como lo es su esposa, Celima Gallego, una de las 131 firmantes del manifiesto promovido por Jueces para la Democracia, asociación a la que pertenecen ambos. Él en excedencia, claro.