Cualquiera que conozca de cerca la política del Puerto de la Cruz se echa las manos a la cabeza con los últimos años de actividad de Marcos Brito, que ha ejercido más veces de elefante en cacharrería que de buen gestor de los cada vez más escasos recursos de la administración municipal que se empeña en controlar con carácter vitalicio. No sólo le sugieren desde su partido que se eche a un lado para que deje el paso a otro (o a otros dos, que el hueco será grande), sino que hasta desde las filas del partido que le apoya ahora mismo, el PP, se plantean seriamente si es rentable y hasta legalmente asumible respaldar las decisiones económicas del tipo de Pamarsa. Porque, aunque sea uno de los municipios más importantes de Canarias desde el punto de vista turístico, el Puerto de la Cruz se enfrenta a un feroz endeudamiento que no es ni negociable ni ampliable. Las deudas se acumulan por doquier y la concejala de Hacienda se cabrea con el alcalde porque no comparte con él la oronda cara que le echa al asunto. De momento, las ideas conocidas para salir del atolladero son revisar los convenios colectivos del personal funcionario y laboral, reducir las retribuciones a los funcionarios hasta un 25%, rebajar los gastos de actividades culturales y deportivas, y, eso sí, fortalecer a la maltrecha Pamarsa incrementando su nómina para atender el clientelismo de la etapa electoral.