Pero va más allá el fiscal firmante del recurso, Luis del Río, al recordar a la Sala que los hechos que se relatan en la denuncia nunca fueron investigados en el caso eolo, que instruyó el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, sino únicamente lo ocurrido en la Dirección General de Industria, a cuyo frente estaba Celso Perdomo. Como tampoco se ha investigado la presunta falsedad de los recibos presentados en otra causa penal, la que se siguió en Instrucción 4, por la esposa del vicepresidente, María del Carmen Benítez, para justificar en plan mercachifle el supuesto pago del alquiler del chalet propiedad de una empresa de Javier Esquivel que la familia Soria habitó, al menos durante 21 meses, en la villa de Santa Brígida. En la denuncia archivada por la Sala se señalaba a la esposa del vicepresidente como presunta autora de un delito de presentación de documentos falsos a juicio, el que se verá el próximo 30 de junio en Penal 2, precisamente contra el periodista Carlos Sosa, al que Soria acusa de injurias y calumnias por contar aquellos momentos okupa que vivió aquella temporada.