Una vez concluida esta fase del proceso, y a la espera de conocer si Suárez Gil recurrirá en casación ante el Supremo, nos atrevemos a preguntar públicamente a los demás rectores de la Cámara de Comercio de Las Palmas de dónde ha salido el dinero para pagar a los abogados que han representado al demandante en este proceso, entendiendo que la intromisión en su honor no lo debió ser nunca en el de la institución. Y ahora, conocida la sentencia, mucho menos. Sabemos, por ejemplo, que en una de las preliminares acudió en representación del plateado presidente la letrada Laura Ramírez Barbosa, que figura en el organigrama de la Cámara como letrada asesora de la Corte de Arbitraje. También sabemos que el madrileño despacho de González Cuéllar, que actuó en la primera instancia contratado por Suárez Gil, no es precisamente el más barato de España. Nos gustaría saber, en aras de las paredes de cristal que atesoran a tan dignos y honrados dirigentes camerales, quién pagó a estos abogados, si Suárez Gil de su bolsillo, o si los asociados con sus cuotas obligatorias. Quedamos a la espera. Gracias.