Se recrudecen las ofensivas entre algunos de los quince señalados por la fiscal de Delitos Monetarios de Las Palmas, Eva Ríos, en la ya famosa denuncia del caso Emalsa, ya saben, la galopada del caballo blanco que, de buenas a primeras, ha provocado que alguien se caiga y descubra que esas aguas huelen que apestan desde hace décadas. Lo peor de la denuncia de la fiscalía, que de momento se limita a un presunto delito societario, es lo floja que es, lo limitada que es, lo teledirigida que es, lo que muy probablemente permitirá al juez instructor trabajar lo más mínimo por llegar al fondo del caldero. Salvo, claro está, que alguien tenga la feliz ocurrencia de personarse como acusación popular y tire de la manta, que es lo que verdaderamente hace falta. Por si hay indecisos leyendo esto, sepan que hay papeles, que hay documentos muy suculentos que pueden agitar de manera importante los alrededores de la compañía del agua hasta hacer temblar a algunos que mueven los hilos como si nada fuera con ellos. Uno de esos documentos fueron entregados y comentados in voce en 2010 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, en presencia del que entonces era vicepresidente de la compañía, Manuel Manrique, hoy sustituto del anterior como consecuencia de la cadena de traiciones que acabaron con el fundador. La copia correspondiente llegó a Francia, concretamente a Saur, cuyo ex presidente se encargó de inmediato de poner el grito en el cielo, interponer la correspondiente denuncia en los juzgados franceses y llamar a la prensa de Canarias para contarlo. La denuncia tenía dos destinatarios perfectamente identificados, los representantes de Saur y Sacyr en Emalsa, José Luis Rubio y Pablo Abril-Martorell. Pero, ¿quién denunciaba ante los socios privados a esos dos ejecutivos por una supuesta administración desleal tras desviar 1,3 millones de Emalsa a Sercanarias y de ésta 2,6 a Seguridad Integral Canaria para la adquisición de una nave industrial, actual sede de la compañía? A la vista de lo que ha sucedido a continuación, todo hace pensar que fue Rafael González Bravo de Laguna, presidente honorífico de Sercanarias desde 2008, cuando el grupo francés que representa vendió Saur a la aseguradora Axa.