Santiago Santana Cazorla se hizo con un poco más de la mitad del grupo Anfi una vez fracasaron las conversaciones de Lyng con TUI. Con el tirajanero dentro de la empresa empezó a negociarse una excepción a la moratoria turística que permitiera ver realizada la urbanización Anfi Tauro. Ocurrió en aquel año diabólico de 2005, con Soria de presidente del Cabildo de Gran Canaria y como socio en el Gobierno regional con Coalición Canaria. Un proyecto que merecía todas las bendiciones empezó a emponzoñarse por el famoso viaje que el hoy ministro aceptó en el jet privado del empresario mientras le tramitaba la declaración de interés general de la urbanización, y mientas disfrutaba de unas merecidas (y baratas) vacaciones en el complejo de Anfi en La Verga. Paralelamente, Santana Cazorla presionaba al Gobierno para que derribara las barreras de la burocracia y los recelos de los técnicos y las autorizaciones llegaran rápidamente al Parlamento para los plácets definitivos. En 2006 estalló el caso Góndola, con Santana Cazorla en el ojo del huracán por sus poco ortodoxas prácticas con el alcalde de Mogán, Francisco González, del PP, siempre con Anfi Tauro sufriendo un deterioro grave de su imagen de urbanización ejemplar y de futuro. La moratoria se abrió para aquellas camas, pero ni siquiera con todo el viento soplando a su favor, las cosas se han podido ejecutar como quiso el viejo Lyng. Sus herederos se tropezaron de inmediato con la cultura empresarial de Hermanos Santana Cazorla, con prácticas a las que el grupo noruego, líder en el sector industrial en su país, no estaba acostumbrado a lidiar. Hasta que hemos llegado al día de hoy, con una inquietante querella tramitándose en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana nada menos que por apropiación indebida y administración desleal.