El periodista que dejó de ser periodista cuando se convirtió en imputado

Los que nos dedicamos al periodismo deberíamos tener asumido que estamos sometidos al escrutinio del público al que cada día nos dirigimos. Al fin y al cabo nos pasamos la vida contando lo que le pasa a otras personas, mayormente de perfil público, aunque en ese cajón de sastre del interés informativo ya se sabe que cabe de todo. O casi. Si diriges un periódico, absolutamente todo lo que se publique bajo su cabecera es de tu entera responsabilidad; si eres reportero, asumes que las piezas que publicas no gustarán a todas las personas que las van a leer, y si te dedicas a la opinión o al análisis, es lógico pensar que las discrepancias serán lo habitual, y puede que tu público se divida a la mitad entre los que comparten lo que dices y los lo rechazan con dispar agresividad.

No puedes pretender utilizar una vara de medir para referirte a las personas objeto de tu trabajo periodístico y, cuando -por hache o por be- te toca a ti, pretender que se te aplique una plantilla benevolente, exclusiva para ti, para tu gremio o para tu entorno.

Es lo que le ha pasado estos días a mi colega Francisco Pomares, Paco Pomares, que no ha encajado nada bien su condición de investigado (imputado) en una causa penal que se sigue en un juzgado de La Laguna a raíz de una querella en la que se le señala como autor de una falsificación. En concreto, la falsificación de dos certificados en los que se dice que trabajó en dos productoras de cine y de televisión y que él mismo presentó a la Universidad de La Laguna para que le concedieran una plaza de profesor en la Facultad de Periodismo. Plaza que consiguió y cuyas funciones ejerce, dicho sea de paso.

Paco ha montado en cólera contra los medios que hemos publicado su imputación y ha cargado contra ellos por considerar que es víctima de una campaña de desprestigio de tal calibre que la ha llegado a equiparar con las que se emplean para “el más horrendo crimen sanguinario del año”.

De eso debe entender un rato largo, seguro.

Aficionado a las cartas de rectificación, nos ha remitido una en la que, además de insistir en la campaña de desprestigio de la que se considera víctima, ha exigido que publiquemos que él no está siendo investigado en el juzgado de Pamparacuatro, que su situación procesal una especie de saco amniótico que sólo puede conducir a un parto feliz. Lo más que llega a reconocer es que está llamado a declarar, seguramente para participar en algún sorteo de una cesta de Navidad de la Administración de Justicia, donde regalan un número a los grandes personajes que se pasan por sus dependencias.

Es una lástima que en el auto en el que se cita a Pomares para declarar el próximo día 21 se incluya la admisión a trámite de la querella de la que es querellado, la advertencia de ir con abogado que lo defienda, el anuncio de que se leerán sus derechos y la petición del juez al Registro de Penados y Rebeldes para se que le aporten sus antecedentes penales (de tenerlos, claro), por si hubiera o hubiese que tomar alguna medida restrictiva de sus derechos. Además, él mismo ya se ha personado en ese juzgado con abogado y procurador para pedir que el delito por el que se le investiga se dé por prescrito y, consecuentemente, se decrete el sobreseimiento libre la causa, es decir, se archive para siempre. Le podrá irritar más o menos su situación procesal de investigado por un delito de falsificación de documento presentado a una institución pública, pero de momento es lo que hay. Y así es como deben publicarlo y divulgarlo los medios de comunicación que no lo tengan que ocultar.

No es la primera vez que en el entorno de Pomares vemos dejar en el limbo procesal a determinadas personas que interesa salvar de lo que él llama “pena de paseíllo”. Lo hicieron el periódico donde publica Pomares sus artículos, El Día, y la cadena Ser, donde ejerce de editorialista de cabecera, cuando acudió a declarar como investigado (antes imputado) el expresidente del Gobierno Fernando Clavijo a resultas del llamado caso Reparos. Dijeron que entró sin imputaciones y salió igual. Y se quedaron tan panchos, oye. Clavijo tiene abiertas a día de hoy unas diligencias penales por delito de prevaricación pendiente de que la jueza lo envíe al Supremo, dada la condición de aforado del líder de Coalición Canaria.

Vista la postura de Pomares y sus palmeros, hemos de concluir que a la condición procesal de investigado, testigo o perito debemos añadir la de “perseguido” o, ya por rizar el rizo, la de “amigo de la casa”.

Para defender esa posición tan absurda, Pomares mete en la misma consideración en la que él se encuentra al autor de la querella que lo tiene a mal traer, Lucas Fernández, el dueño de Diario de Avisos y de las dos productoras en la que jamás trabajó Pomares. Dice el columnista que Fernández también ha sido llamado por el juez, y es cierto, solo que ha sido citado un día antes para que se ratifique en su querella, un procedimiento que le puede explicar sin muchas complicaciones su propio abogado.

Basta con repasar cómo se ha referido Pomares históricamente a personas investigadas o imputadas, o incluso demandadas en jurisdicciones no penales,  para comprender el tamaño del desatino. A mí me llegó a recomendar en una tertulia de la Ser que llegara a un acuerdo con mi exempleada de hogar para evitarme un escándalo público como el que en esa misma tertulia me montaron. Por suerte no la oigo y no pude seguir su consejo, porque lo siguiente habría sido acusarme de tratar de tapar un escándalo con dinero. Un clásico. La demanda (laboral) la gané y todavía andan resistiéndose a desdecirse de la basura que me echaron encima. Y yo no estaba imputado ni estaba siendo investigado, solo era un empleador demandado por una extrabajadora.

El problema que se le presenta ahora a Paco Pomares sospecho que ni siquiera se puede arreglar con un acuerdo. El empresario que se ha querellado contra él tiene pruebas de que jamás trabajó para ninguna de las dos productoras cuyos certificados dice el periodista que son auténticos. Pomares no tiene ni una sola prueba de que eso sea así, no dispone de un contrato, de una factura, de un ingreso en cuenta corriente. Solo de una pericial de parte que deberá ser contrastada ahora con la que seguramente le van a hacer en el juzgado a esas certificaciones.

Por contra, habría que dar por sentado que el querellante no se iba a arriesgar a cometer un delito de denuncia falsa si, aunque fuera accidentalmente, alguno de esos certificados respondiera a una realidad laboral.

Solo la prescripción puede salvar al periodista, y por eso ya la está pidiendo antes de ir a declarar como investigado. Antes imputado.