No ha habido todavía efecto alguno, o al menos efecto perceptible, tras la divulgación del escrito de denuncia remitido a la Fiscalía General del Estado por la directora de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias en relación con el documento presuntamente falso utilizado por El Día contra el presidente Rivero. Ya les vamos adelantando que no va a haber efecto alguno porque los hechos centrales que se ponen en conocimiento de Conde-Pumpido son propios de los juzgados ordinarios, bien en la circunscripción civil (por vulneración del derecho al honor o a la intimidad) o bien en el orden penal, por injurias y calumnias. Los Servicios Jurídicos del Gobierno, es cierto, han denunciado la presunta falsedad documental cometida por quien supuestamente falsificara ese poder notarial publicado, entre otros medios, por El Día, pero en el peor de los casos, el periódico tinerfeño podría ser acusado de divulgarlo, no de ser el autor material de tal falsificación. Lo que parece evidente para cualquier profano que lea el escrito de la directora de los Servicios Jurídicos, y salvo más cualificada opinión, es que el fondo de la cuestión parece estar en relación con la falta de respeto que el periódico de don Pepito infiere a la institución de la Presidencia del Gobierno, asunto este en el que poco o nada puede hacer la Fiscalía General del Estado porque en realidad se trata de un derecho privado del presidente Rivero. Existe una generalizada tendencia, por no decir majadería, de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos presuntamente delictivos que, en rigor, sólo podría investigar la Policía o los juzgados de instrucción, que es hacia donde habrá de redireccionarlo finalmente la fiscalía si es que quiere de verdad que se investigue.