El Proyecto de Ley del Gobierno de Canarias sobre participación ciudadana atraviesa sus horas más bajas. Y no por la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Socialista, convenientemente rechazada por el pacto CC-PP, sino porque este último partido empieza a palparse las ropas ante la inconveniencia de aprobar en Canarias lo que Rajoy y los suyos han denostado hasta límites galácticos en el resto de España. Ya saben que ese Proyecto de Ley contempla la posibilidad de convocatoria de referéndum cada vez que el Gobierno de turno (el de siempre) quiera consultar cosas a los ciudadanos cosas que tengan que ver con asuntos de interés general o particular de Canarias. Una versión isleña del plan Ibarretxe, cuya tramitación acabó de aquella manera en el Congreso de los Diputados. Miguel Cabrera Pérez-Camacho, el portavoz pepero en el Parlamento canario, acaba de pedir que se amplíe el plazo de presentación de enmiendas, una vez el PSC presentó una treintena de ellas, haciendo precisamente hincapié en la inconstitucionalidad de parte del articulado.