Resulta cuanto menos indignante que el Banco Santander aplique estos criterios a un cliente que en estos momentos sólo se encuentra encauzado en fase de instrucción cuando el mismísimo presidente de la entidad, Emilio Botín, estuvo en esa situación durante varios años imputado por un delito contra la Hacienda Pública. Fue en el juicio, en la Audiencia Nacional, al retirarse las acusaciones del fiscal y de la acusación particular, cuando quedó archivado aquel caso de las cesiones de crédito, uno de los excesos bancarios por lo que ha estallado la presente crisis. Y hasta se acuñó la doctrina que lleva su nombre, aquella según la cual no hay caso penal ni procedimiento abreviado que se precie si sólo queda en el proceso la acusación popular. Fue el invento necesario para que Botín escapara por los pelos de un proceso que generó no poca controversia en la carrera judicial española. La banca, como siempre, barriendo para casa y llevándose por delante a los eslabones más débiles de la cadena.