Efectivamente, en la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales de Canarias para 2010, allá por diciembre, el Grupo Socialista introdujo una enmienda por la que se pretendía rebajar en un 20% los gastos de los altos cargos de la nacionalidad, con una tendencia a reducir a ocho el número de consejerías. Soria, en compañía de todo su Grupo Parlamentario del PP y del de Coalición Canaria, votaron en contra de la iniciativa. En marzo pasado, concretamente el 26, el Grupo Socialista volvió a ofrecer otra oportunidad espartana al Gobierno con una propuesta de resolución por la que se instaba a la reducción en el número de empresas públicas adscritas a la Comunidad Autónoma y en el número de sus cargos directivos, todo ello en consonancia con el compromiso anunciado por el Gobierno de España de actuar de igual modo. También Soria y los suyos rechazaron la medida. Por cierto, la veintena de empresas públicas que hay en Canarias, algunas de ellas tan jaracandosas como Promotur o Grecasa (a la que Soria ha sumado la publicidad a su objeto social) cuestan a los canarios la friolera de 120 millones de euros al año.