El problema es Casimiro

Ángel Víctor Torres ha recibido el respaldo de su partido, el PSOE, para repetir como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias en mayo de 2023. Era de prever. El presidente que ha sabido lidiar con un balance ciertamente positivo con casi todas las calamidades del catálogo de calamidades, que goza de un ganado prestigio de persona sencilla, trabajadora y seria, con un respaldo equivalente en las encuestas, es sin duda el mejor candidato que pueden tener los socialistas. 

Las calamidades, sin embargo, no han concluido. Las elecciones de 2023 vendrán necesariamente marcadas por esta nueva crisis internacional consecuencia directa (una vez más) de la crisis del sistema capitalista. O como más certera y sabiamente viene sosteniendo hace tiempo el filósofo Noam Chomsky, de “otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo”. El mismo que en estos momentos empieza a adoptar sin complejos recetas hasta hace muy poquito calificadas por la derecha de comunistas o bolivarianas. Y Ángel Víctor Torres tendrá que hacer frente a una nueva legislatura (si consigue ganar y formar gobierno, dos circunstancias que en Canarias no siempre han coincidido) en un escenario ciertamente complicado. 

Reeditar el llamado pacto de las flores parece ser el propósito más inmediato de todos o casi todos sus componentes porque el balance, a falta de ocho meses, parece ser satisfactorio. Torres, que ya conoce de fidelidades e infidelidades políticas tras su paso por la alcaldía de Arucas, valora la lealtad de sus socios, virtud en la que ha destacado especialmente la dirigente de Podemos Noemí Santana, y donde ha obtenido un sonoro suspenso el líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo.

Curbelo será la clave para la reedición del pacto de las flores. Si bien las encuestas al Parlamento de Canarias dan una leve subida del PSOE, un sostenimiento a duras penas de Nueva Canarias (a la espera de su inminente incursión en Tenerife) y una segura pero aún indeterminada caída de Podemos, lo único que parece seguro es que ASG volverá a obtener tres de las cuatro actas en juego en La Gomera. Esos tres votos es muy probable que vuelvan a ser definitivos, salvo que el crecimiento del PSOE sea de más de cinco diputados.

Prescindir del líder gomero o tenerlo que soportar otros cuatro años para que no se entregue a Coalición Canaria, la opción con la que siempre amenaza, es la gran incógnita de la política de Canarias. Tan simple, tan grotesco y tan dramático como eso.

Las influencias, los padrinazgos y los mangoneos de Casimiro Curbelo han generado tres graves problemas al Ejecutivo en las semanas previas a las vacaciones de verano. La crisis del Servicio Canario de la Salud, la crisis en la Consejería de Turismo y la crisis en la Televisión Pública tienen que ver directamente con Curbelo. Es otra calamidad añadida a las que ha tenido que sofocar Ángel Víctor Torres.

El caso mascarillas

Fue Casimiro Curbelo quien impuso al Gobierno que fuera Conrado Domínguez el director del Servicio Canario de la Salud. Y lo hizo desde el primer momento, antes de que fuera relevado por aquella fugaz consejera de Sanidad, Teresa Cruz, a la que le hicieron la vida imposible algunos socios del pacto de las flores. Fue Cruz la que se negó a aceptar la imposición, y una vez destituida de manera expeditiva, el nombramiento de Domínguez se produjo de manera natural, como si fuera lo lógico.

Conrado Domínguez procedía del anterior equipo del Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), si bien siempre ha pasado por ser un gestor sin filiación política destacada. Lo colocó en ese puesto José Manuel Baltar, el consejero de Sanidad que la patronal sanitaria privada impuso a Fernando Clavijo. De esa época, concretamente de mayo de 2019, poco antes de que las elecciones desplazaran a Coalición Canaria del poder, son las oposiciones a Enfermería en las que la hija de Casimiro Curbelo y dos personas de su entorno directo se convirtieron en las únicas de los 10.000 opositores que no cometieron ni un solo fallo en el examen. La causa está judicializada desde entonces, pero en el único juzgado de La Gomera. Tiempo al tiempo.

La imputación por delitos muy graves por el llamado caso mascarillas contra Conrado Domínguez no ha supuesto su destitución ni su dimisión. El Gobierno se aferra a su propia condición de víctima de la estafa y no ha exigido su salida al director del Servicio Canario de la Salud invocando el código ético del PSOE, partido al que no pertenece el interesado, que solo obliga a dimitir ante la apertura de juicio oral. 

La oposición (y los medios adictos a Coalición Canaria) no ataca a Domínguez porque no quiere incomodar a Casimiro Curbelo, el socio que todos pretenden. Y Curbelo defiende la inocencia de su patrocinado afirmando que se limitó a tomar decisiones legales.  La oposición ataca por elevación al Gobierno, pero sin concretar mucho, y este será uno de los lastres con los que Ángel Víctor Torres llegará a las elecciones de mayo de 2023.

El caso del outsider en Turismo

En la formación del Gobierno que preside Ángel Víctor Torres, Casimiro Curbelo pidió todo lo que consideró suculento para sus intereses políticos. Básicamente departamentos con fuerte capacidad presupuestaria y mucha autonomía en la gestión, es decir, los mínimos controles. No lo consiguió todo, pero se llevó para ASG la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, con su poderosa empresa pública Promotur. Pero también se hizo con el control de departamentos muy autónomos dependientes de la Consejería de Obras Públicas: la empresa pública de viviendas, Visocan; Puertos Canarios, Gesplan y Gestur, estas dos últimas dedicadas a la gestión urbanística. 

Sin cuadros para ocupar tantos departamentos, se valió de personas de su máxima confianza, como su hijo, Aday Curbelo, o el gerente de Visocan, Víctor González, para conformar los equipos. Víctor González, dicho sea de paso, fue otro alto cargo de Coalición Canaria que el líder gomero salvó de la quema, pero lo colocó como consejero delegado de su empresa a su yerno, un empresario del mundo inmobiliario que ha de velar desde ese puesto por los intereses de una empresa que se dedica a la defensa de la vivienda pública.

De esa selección de personal salieron nombramientos como el de Teresa Berástegui, actual viceconsejera de Turismo, que lleva estos tres años viviendo las vacaciones de su vida. En Turismo no hay quien defienda su gestión porque, sencillamente, no ha hecho nada. “En Las Palmas [en la sede de la consejería de Las Palmas de Gran Canaria] no saben quién es”, resume una fuente. 

A ella se debe el informe fantasma que contrató a su exnovio, Alfredo Gómez, concejal tránsfuga de Ciudadanos en La Laguna, partido en el que ambos militaron en su día. Más de 16.000 euros de contrato menor a dedo por un informe sobre el alquiler vacacional que fue un soberano plagio y del que nadie explica nada. Tampoco la oposición pide explicaciones para no incomodar al líder gomero.

También fue producto de ese desembarco masivo de fichajes a la desesperada el todavía director general de Infraestructuras Turísticas, Fernando Miñarro, un “arquitecto artista”, como él mismo se define, que se instaló por su cuenta en ese departamento sin rendir cuentas a nadie. O al menos a nadie de la consejería. Él se guisa y se come su gestión con los propios recursos de su departamento con los que contrata de aquella manera empresas de comunicación que divulguen sus hazañas a los cuatro vientos. Antes del verano, y esta misma semana en el Parlamento, fue formalmente desautorizado por la consejera, primero a través de un correo electrónico en el que el departamento de Prensa de Turismo informaba de que los comunicados enviados por esas empresas de comunicación en nombre de Miñarro no eran oficiales. Y luego con luz y taquígrafos para que no quedaran dudas. Pero ahí sigue el hombre ejerciendo porque dice ASG que ahora va a ver qué hace con el apadrinado de Curbelo.

Desde aquel primer incidente hasta ahora han pasado muchos consejos de gobierno y el señor director general sigue en su puesto, haciendo lo que le sale de sus estructuras arquitectónicas y artísticas y desautorizando cada día con su presencia a la consejera Yaiza Castilla, uno de los valores más destacados de ASG.

La oposición no dice nada para no importunar a Casimiro Curbelo. Sólo el diputado de Ciudadanos Ricardo Fernández de la Puente se ha molestado en pedir al Gobierno los contratos de tan pintoresco director general. Los conoceremos oficialmente algún día, pero lo que se está empezando a conocer es bastante suculento.

El fraude en Televisión Canaria

El último caso de flagrante corrupción que se va a intentar tapar por la presencia en los alrededores de Casimiro Curbelo es el del fraude en las audiencias detectado en Televisión Canaria. O por ser más precisos: el fraude en la medición de audiencias en favor de una sola productora que hace programas para Televisión Canaria. El asunto ha traspasado las fronteras propias del ente público Radio Televisión Canaria por ser esa productora, Etiqueta Azul (Etiazul), la favorita del líder gomero.

En Presidencia del Gobierno confirman sin grandes quebrantos morales cómo Casimiro Curbelo presiona para que todos los programas que hasta ahora ha venido presentando Etiazul a RTVC sean aceptados con el formato y el presupuesto con el que se presentan por el registro. De ese modo, el ente público ha pagado sumas exageradas por espacios que, en rigor nunca podrían tener esos costes. Aquí la tele, por ejemplo, costó durante las dos temporadas que se emitió, 35.000 euros por capítulo; y Confesiones, 20.000 las cuatro temporadas que estuvo en antena.

Si Etiazul proponía un especial de expresidentes del Gobierno en La Gomera, la respuesta era sí, al precio que proponía la productora, a la que desde el Cabildo de la isla se le complementaba con un contrato menor para que las ganancias fueran aún mayores. Y si proponía un especial con presidentes de cabildos, pues también se le decía que sí, daba igual su importe. En todos los especiales, eso sí, habría de salir como fuera el líder gomero.

Al término de la última temporada (julio pasado) se ha sabido que esos programas de Etiazul tenían dopadas sus audiencias, que Kantar Media, la empresa que audita a las cadenas de televisión en España, ha detectado dos audímetros cuyos responsables añadían fraudulentamente el máximo de invitados que daba de sí el sistema, y que esos audímetros sólo se conectaban con Televisión Canaria en el momento justo en el que se emitía alguno de los programas de esa productora. Sólo esos programas, y a continuación se desconectaban para marcharse a otra cadena.

Resultado de ese dopaje ha sido que los programas de Etiazul como mínimo duplicaban su audiencia lineal al añadirle los invitados. Ha habido capítulos en los que incluso esa audiencia se ha triplicado.

Gracias a esa investigación ahora sabemos que Kantar Media ha retirado dos audímetros en Canarias que actuaban de manera fraudulenta, y sabemos también que la única productora beneficiada por esa actuación fraudulenta era Etiazul, la protegida de Casimiro Curbelo.

¿Qué ha hecho la oposición? Basta con visionar la última comisión parlamentaria de control de RTVC para comprobar cómo Vidina Espino y José Alberto Díaz-Estébanez (ambos de Coalición Canaria) se dedicaron a criticar al administrador único ¡por investigar un fraude en sus audiencias! Ni una palabra sobre el fraude en sí mismo ni sobre el daño reputacional que eso podría suponer para la cadena en el caso de haberlo sabido -como lo sabía- y no haber actuado. Nada de importunar al cacique.

El Gobierno seguirá recibiendo presiones de Casimiro Curbelo para que Televisión Canaria siga contratando formatos a Etiazul al precio que se le diga. Falta por saber oficialmente qué hará Televisión Canaria.