Los cuatro fracasos encadenados del Gobierno de Clavijo en su primer año

No es la primera vez que Fernando Clavijo es presidente del Gobierno de Canarias. Lo fue entre 2015 y 2019, cuatro largos años en los que pudo haber entendido Canarias, cómo enfocar la resolución de los problemas que tiene la gente que vive aquí, y cómo evitar volver a perder las elecciones. Pero en este primer año de gestión del nuevo Ejecutivo, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ni Clavijo ni su partido dan muestras de haber aprendido algo. Más bien al contrario.

El principal problema con el que se ha tropezado este Gobierno, el del fuerte repunte migratorio, fue abordado desde el principio por Clavijo y su equipo con la fórmula más socorrida de Coalición Canaria: primero, el alarmismo, la continua mención al asunto viniera o no viniera a cuento al término de cada Consejo de Gobierno o en cualquier comparecencia pública. El manual del regionalista folclórico y trasnochado lo requiere como estadio previo a la victimización como pueblo, como región ultraperiférica abandonada por España y por Europa, como destinataria del olvido, del despojo, de la discriminación y del desprecio.

Creyó el Gobierno que podría ser una buena solución para tapar otras graves carencias que ya se habían detectado, como el flagrante incumplimiento de una de las promesas electorales y del acuerdo de legislatura: la de la rebaja del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), uno de los mantras favoritos del Partido Popular, que sigue manteniendo a estas alturas que activando una medida así no solo no se reduce la recaudación de la Comunidad Autónoma, sino que se incrementa gracias a la reactivación económica. Un disparate de tal calibre que lo han terminado aparcando. Porque para atender a los miles de menores migrantes de los que se ha hecho cargo Canarias en aplicación de sus competencias constitucionales, hace falta, fundamentalmente, dinero, muchos millones de euros, y sería una absoluta incongruencia reducir la recaudación con una mano y pedirle al Estado mayores transferencias con la otra. 

El problema de la inmigración ya existía cuando Coalición Canaria y el PP decidieron incumplir la rebaja del IGIC, de eso no hay duda, pero las primeras acciones para acometerlo no fueron las de la discreción y la habilidad políticas. Había que crear un ambiente enrarecido para tener donde pescar más y mejor. Pero cuando se activaron las posibles soluciones al conflicto, al Gobierno de Canarias no se le ocurrió nada mejor que pretender liderarlas: “Del Partido Popular me encargo yo”, le dijo Fernando Clavijo al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, su antecesor en el cargo Ángel Víctor Torres, comisionado por Pedro Sánchez para resolver un asunto que ya trascendía las fronteras de Canarias y de España. 

Y es evidente que la deriva ultra que ha adoptado el PP respecto a la inmigración, tratando de ser más xenófobo que Vox, no ayuda precisamente a una solución razonable del asunto, es decir, una reforma de la Ley de Extranjería, que fue lo que pactaron Canarias y el Estado, de modo que la redistribución de menores migranes no acompañados fuera automática, obligada, para entendernos, previo pago de su coste, claro está.

La solución a los menores no acompañados es el primer fracaso del Gobierno de Canarias que hay que anotárselo a partes iguales a Clavijo y a su vicepresidente, Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias. Él estaba al margen del cambio de estrategia de su organización y dio por sentado que una reforma tan trabajada como la de la Ley de Extranjería no se atascaría en el Congreso de los Diputados. Su aplicación en algunas comunidades autónomas gobernadas por auténticos hooligans racistas sería otro cantar, pero a eso Domínguez no se comprometió en ningún momento.

A los requiebros políticos y al catastrófico resultado de la tramitación de esa reforma legal hay que sumar la gestión a pie de calle en Canarias, la atención a los menores en centros que no reúnen condiciones a través de organizaciones no gubernamentales sobre las que el Gobierno no ejerce el control exigible. Algunos de los centros habilitados para atender a estas personas incumplen las más básicas exigencias de salubridad, cuando no presentan casos muy llamativos de hacinamiento, malos tratos o desprotección, en un claro incumplimiento de las obligaciones legales que tiene encomendadas la comunidad autónoma.

Pero poco se puede exigir a una consejería, la de Bienestar Social, que no ha hecho otra cosa desde que empezó la legislatura que chapotear en todos los charcos posibles sin resolver –o intentarlo de manera seria- algunas de las viejas asignaturas pendientes en la materia.

Los profesionales del sector pusieron el grito en el cielo ante el primer borrador del decreto de dependencia de Canarias, con el que teóricamente se pretende mejorar un servicio que viene arrastrando serias deficiencias desde que se aprobó la ley estatal. Los expertos y los dos colegios profesionales de Trabajo Social de Canarias consideran que ese decreto abre la puerta a la privatización y al intrusismo profesional, además de haber generado en el seno de la consejería una contestación muy sonada por parte de su personal, que en absoluto se siente respaldado ni respetado por la reglamentación que se pretende implantar. Muy edificante todo.

El tercer fracaso del Gobierno de Clavijo es el de la vivienda. Su decreto de medidas urgentes en la materia, que prometía desbloquear un problema que lleva décadas enquistado en Canarias, es una muestra más de la torpeza legislativa de este Ejecutivo. Si para solucionar la redistribución de menores migrantes eligió una alocada reforma de la Ley del Menor, que fue inmediatamente descartada, el contenido del Decreto 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, publicado en el BOE en febrero pasado, sufre las mismas carencias. La batería de reparos constitucionales que le ha puesto el Gobierno de España a cuatro artículos y dos disposiciones adicionales mantiene bloqueada su aplicación sin que nadie de momento sepa dar alguna pista de cómo y cuándo se podrá aplicar.

La vivienda es el principal problema que sufre la población de Canarias, por encima de la inmigración, por más que le pese a algunos. Y era una de las reclamaciones latentes en las manifestaciones del 20A contra el modelo de masificación turística, cuando la ciudadanía de las Islas salió a la calle para decirle a su Gobierno que así no podemos seguir, que es necesario intervenir en ese proceso para que las ciudades, los pueblos, las playas y los espacios protegidos sean utilizados de manera más racional, que la riqueza que deja esta industria, que este año batirá todos sus récords de visitantes y de ingresos, sea mejor redistribuida; que se valore la conveniencia de una tasa turística, al modo de otros destinos similares, para invertir su recaudación en mejorar las dotaciones comunitarias y ambientales allí donde el turismo las deteriora…

Nada se ha hecho al respecto, nada en absoluto, por más que Fernando Clavijo en persona saliera el día siguiente de las manifestaciones proclamando que compartía las reivindicaciones y que había que acometer una reforma profunda del sistema para redistribuir mejor la riqueza.

Para colmo, aspectos íntimamente relacionados con la preservación del patrimonio natural y cultural de Canarias, que también afloraron en esas protestas, han sido borrados de la nueva ley canaria del cambio climático por la visión que tiene el actual gobierno de Coalición Canaria y el PP sobre lo que llama la “literatura ideológica” incluida en la anterior norma, del Gobierno del PSOE, Nueva Canarias y Podemos. De este modo, la nueva elimina cinco artículos, precisamente los que obligan a las administraciones públicas a “trabajar en la protección y conservación del patrimonio cultural, arquitectónico o de cualquier otra naturaleza”. Por si había alguna duda.

En un escenario de récord turístico y de recaudación, con los mejores registros de empleo de las últimas décadas, sin pandemia, sin erupción volcánica… cabría imaginarse cómo estaría operando este gobierno.