El blog de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora
Protección al cuadrado
Porque lo que ha decidido proteger el Cabildo no es una parte del viejo hotel Maspalomas Oasis, ni siquiera el edificio completo, incluyendo el trozo que en los sesenta invadió una zona de uso público, lo que generó una condena del Supremo del que fue amnistiado por petición popular y otra vez por una decisión política. No, lo que ha hecho el Cabildo es todavía mejor para garantizar el interés general y propiciar la recuperación del entorno de la charca, el oasis y las dunas: proteger la amplia zona que va desde el parquin Maspalomas, hasta el mar, incluyendo en esa inmensa franja no solo ese hotel, el palmeral y sus alrededores, sino también el hotel Residencia, el Palm Beach, el IFA Faro y el desvencijado centro comercial que linda con la playa de Maspalomas. Una operación brillante que anula las licencias otorgadas en la zona y que convierte a la Comisión Insular de Patrimonio en un árbitro ineludible para cualquier operación que se quiera ejecutar allí. Y todo por Cristóbal Colón, quién se lo iba a decir a los mallorquines, a los alemanes y a don Pepito, que a estas horas debe estar redactando un editorial proclamando al mundo que el navegante jamás estuvo en la isla redonda sino que en realidad atracó sus naves en el valle de Ucanca, donde el agua es de mejor calidad. A partir de estos momentos a RIU se le abren varias opciones. La primera, desde luego, pasar al contraataque legal, reclamando ante el Cabildo y luego ante la Justicia los daños que esa resolución pueda perpetrarle. Será una lucha muy dura y desde luego incierta. Porque la licencia otorgada por el Ayuntamiento de San Bartolomé estuvo siempre condicionada a lo que decidiera el Cabildo, luego no generaba ningún derecho que haya quedado ahora violentado. Esa lucha legal podría ser muy atractiva si, como es de esperar, el Cabildo y los actores que quieran personarse en ella aportan la abultada documentación que obra en poder de la Comunidad Autónoma y que delata una serie de irregularidades que podrían incluso poner en entredicho la propiedad y otros derechos ejercidos de modo anómalo desde hace años. Irregularidades, además, imprescriptibles.
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