La noticia más escandalosa de la jornada, al menos en Canarias, ha sido sin duda la intención de la mayoría gobernante en Las Palmas de Gran Canaria de retirarle la ayuda domiciliaria a al menos 1.000 mayores dependientes acogidos a esa prestación. Lo ha reconocido la concejala del ramo, que sospecha que esos beneficiarios podrían no tener derecho a recibirla. No está mal la afirmación en boca de una representante de un partido que no cesa de justificar algunas de sus más salvajes decisiones en “los informes técnicos”. Pero ya se sabe que éstos son elaborados a conveniencia, y si no, se cambian, que para eso es el PP, dónde va a parar. La reducción que anuncia el equipo de Juanjo Cardona supondría un ahorro considerable de dinero, unos 3,3 millones al año, pero a su vez comprometería la existencia de mil vecinos de la ciudad, que quedarían desatendidos por completo o a expensas de la caridad ajena. Porque pretender que el problema lo resuelva “la responsabilidad de la familia”, como ha dicho la concejala Rosa Viera, es mucho pretender. O mucha negligencia. Y todo para acercarse al objetivo, al irresponsable objetivo, de rebajar los impuestos en el año 2013, una promesa electoral del alcalde Juan José Cardona que va a significar que paguen los más débiles del sistema, como siempre. Es cierto que Saavedra subió los impuestos en un gesto que seguramente le habrá pasado una cara factura electoral, pero es igualmente cierto que en la etapa socialista recientemente finiquitada se mantuvieron, y en algunos casos se incrementaron, las partidas sociales, imprescindibles en una etapa de crisis para evitar males mayores.